En la Rosada creen que la CGT garantizó una protesta bajo control

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En la Rosada creen que la CGT garantizó una protesta bajo control

Macri monitoreó la marcha desde Olivos.

Admiten el deterioro de la situación social. Pero consideran que el Presidente no pagará costos políticos.


Aunque suene paradójico, al Gobierno lo tranquiliza la unidad y la dirección de la movilización frente al Congreso para reclamar por una ley de emergencia social. “Si la CGT lidera y está al frente, la CGT controla”, señaló ayer un funcionario que teje puentes con los sindicalistas y esta semana mantuvo reuniones con “el retirado” Hugo Moyano y Juan Carlos Schmid.

En el Ejecutivo admiten que la central obrera no puede quedarse de brazos cruzados ante el reclamo de sus bases y la situación social, pero aseguran que los dirigentes sindicales no permitirán que la sangre llegue al río. Uno de los motivos es la mesa que los dirigentes obreros comparten con el Gobierno y los empresarios para dirimir el bono de fin de año.

Según la lectura del Gobierno, las organizaciones sociales en su afán por incorporarse formalmente a la CGT acatarán el límite que imponga la central obrera. La presión interna -estiman- puede llegar desde los sindicatos de las industrias más deprimidas: construcción, metalúrgicas y textiles.

En los próximos días la administración de Mauricio Macri podría cerrar acuerdos con los dos principales sectores que convocaron a la marcha. El lunes la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley volverá a sentarse en una mesa con la Iglesia y las organizaciones sociales. La ministra haría una propuesta formal a los movimientos que exigen un bono para beneficiarios de AUH y un aguinaldo para los trabajadores de los programas de empleo. “Si hay acuerdo, parte del reclamo quedaría neutralizado”, concedían.

Cuarenta y ocho horas más tarde, el Gobierno podría anotarse otra “victoria” si empresarios y sindicatos llegan a un acuerdo por un bono. Esta semana el ministro de Modernización Andrés Ibarra acordó un extra con los estatales .

Tres ministros y los responsables de la comunicación del Gobierno aseguran que Macri no pagará un costo político por la marcha, porque el Presidente no ha negado la gravedad de la situación social. “Nosotros comunicamos el 32% de pobreza. Lo asumimos, a diferencia del Gobierno anterior. No están poniendo un tema nuevo en la agenda”, destacaron. El mismo argumento utilizó el ministro de Trabajo Jorge Triaca, uno de los pocos que habló con el grabador encendido. “A muchos deberían ponérseles rojas las caras por apoyar este proyecto: hace un año hablaban de que teníamos menos pobreza que en Alemania», sentenció.

Un alto funcionario con despacho en la Rosada también se mostró relajado. “No preocupa la marcha. No hay un clima caliente ni nos incomoda la discusión”, reflexionó. La misma fuente también destacó las críticas de algunos de los oradores al Gobierno anterior.

El Presidente siguió las alternativas desde Olivos. Tiene confianza en que el proyecto de ley naufragará. Si avanza, está dispuesta a vetarla. “Un millón de puestos de trabajo no se crean por ley. Forma parte de la chicana política”, explicó otro ministro. El mismo razonamiento expusieron antes de que Macri vetara la ley antidespidos. El proyecto para modificar Ganancias, que el oficialismo envió a Diputados, es otro guiño a la CGT. Podría obtener media sanción antes de fin de año. Luego, los gobernadores y sus senadores deberán asumir el costo político de parar la ley o resignar recursos coparticipables.

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Source: Nacionales

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