La ley no llegó a Diputados y el oficialismo confía en trabarla

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La ley no llegó a Diputados y el oficialismo confía en trabarla

Movilización al Congreso.

La emergencia social sigue retenida en el Senado. Y la oposición tiene pocas chances de sancionarla este año.


El tiempo resultó el mejor aliado del Gobierno para poder cerrarle el paso con el menor costo posible a un proyecto que considera fiscalmente “insostenible”. Esa definición es la que maneja el presidente de la Comisión de Presupuesto en Diputados, Luciano Laspina, quien deberá lidiar con la ley de emergencia social cuando por fin aterrice en esa Cámara.

Por el momento, la iniciativa impulsada por el ex jefe de Gabinete K, Juan Manuel Abal Medina, y aprobada el miércoles pasado en el Senado por una apabullante mayoría opositora, duerme un sueño de extensión indefinida en el despacho del presidente provisional, Federico Pinedo.

Es el primer obstáculo que ideó el oficialismo para impedir que entre en vigencia antes de fin de año una norma que dispone una suba del 15% en las asignaciones por hijo y por embarazo, la reconversión de un millón de planes sociales en empleos formales y la concesión de un aguinaldo extra a los beneficiarios de la llamada “economía popular”.

La otra valla que deberá saltar la oposición para poder aprobarla a la brevedad, en caso de que Diputados reciba el proyecto, es que necesitará reunir una mayoría de dos tercios de los presentes en el recinto. ¿Cuál es el motivo? Ayer fue el último día hábil para poder firmar un dictamen de comisión, según el reglamento de la Cámara, a fin de estar a tiro de tratarlo antes del cierre del período ordinario, que vence el 30 de noviembre.

La única opción que quedaría es llamar a sesión especial y reunir esa mayoría especial para forzar su tratamiento sin dictamen. Pero Cambiemos cuenta con más del tercio necesario para el bloque, de modo ajustado con los propios y con algo más de desahogo contando aliados. Los dos tercios se consiguen con 172 de los 257 miembros de la Cámara, si asisten todos. Y el oficialismo tiene 87 propios, más al menos media docena de aliados habituales para impedirlo.

De todos modos, el llamado a esa sesión extraordinaria es la apuesta de los diputados del Moviminto Evita –la misma fuerza que impulsó el proyecto en el Senado, a través de Juan Manuel Abal Medina y Teresita Luna–, para lo cual reclamaron a las autoridades parlamentarias el giro inmediato del texto. Se ilusionan con poder reunir el próximo jueves y por eso terminó siendo una de las consignas de la marcha de ayer. Tendrían la venia del resto de los bloques opositores.

En los pasillos del Congreso se da por poco menos que imposible la eventualidad de que se sancione la ley este año. El Ejecutivo no la pondrá en el temario de sesiones extraordinarias y ya se sabe que no se extenderán las ordinarias (otra atribución excluyente del Gobierno).

Con todo, hay una tercera vía para que avance la ley y que pondría más tensión al debate. Ese escenario sólo podría darse en el 2017, pleno año electoral, cuando la Comisión de Presupuesto se vea obligada a ponerla en el temario y allí sí, con mayoría simple, la oposición podría aprobarla. A Mauricio Macri le quedaría la alternativa menos atractiva, la del veto, como sucedió este año con la ley antidespidos. “No creo que llegue a ser necesario, pero en ese caso el Presidente no tendría otra opción”, dicen en la Rosada.

Aliado circunstancial del macrismo, Sergio Massa, amaga con echar más leña al fuego. Saldrá a decir en los próximos días junto a varios lugartenientes, como el ex gobernador Felipe Solá, que el Frente Renovador dará respaldo a la ley con un aditamento para hacerla más “digerible”: se trata de un proyecto complementario que facilite su financiación. La tarea a la que está abocado el equipo económíco del ex intendente de Tigre incluye impuestos al juego y a la minería. El Gobierno estima que el costo de la ley orilla los $ 50 mil millones.

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Source: Nacionales

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