A fines de su primer año de gobierno el Presidente dijo: «Quiero que se me juzgue por si pude o no pude reducir la pobreza». Con ese criterio su mandato merece una contundente desaprobación.
A lo largo de los 4 años de gestión, el Gobierno de Mauricio Macri sumó alrededor de 4 millones de pobres a los 12 millones que había cuando asumió. O si se lo mide en porcentaje, la pobreza habrá trepado del 26,9% a algo más del 35% de la población, según la proyección que elaboró el sociólogo Daniel Schteingart, tomando en cuenta los datos que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec y estimaciones sobre cuál era la real situación al final del 2015, omitiendo la ominosas omisiones sobre el tema que hizo el kirchnerismo.
El pedido de Macri era correctísimo. ¿Qué otro indicador más importante que la pobreza para medir el éxito o fracaso de un gobierno? Por esa misma razón, la pobreza y la indigencia es la peor herencia que dejará el actual Gobierno. Pero la pobreza es la consecuencia de la política económica y social que lleva adelante un gobierno. Y por eso mismo la posibilidad de que el próximo gobierno pueda mejorar esos números obscenos y vergonzosos para un país con los recursos de la Argentina dependen de los resultados de la política económica y social que aplique.
En ese sentido, la herencia más gravosa que dejará el macrismo será el endeudamiento externo, que durante su gestión aumentó a un nivel que será el principal limitante para lograr una de las condiciones necesarias para reducir la pobreza: el crecimiento. No será novedad para la historia económica del país. Si por algo se caracteriza es por su recurrente choque con la llamada restricción externa, que es la manera en que la jerga especializada denomina a la escasez de dólares.
Es cierto que otra de las características peculiares de la Argentina es su inflación crónica, un mal endémico que con soberbia y desconocimiento Macri creyó que lo iba a poder resolver fácilmente, pero que en buena medida es un mal subsidiario de la debilidad del sector externo de la economía. De ahí que la devaluación sea en este país un factor clave de la indomabilidad de los precios.
Alta exposición de deuda con el mercado
Según el último informe de la consultora EcoGo, a junio de 2019 la deuda externa total ascendió a USD 337.000 millones, lo que equivale al 80% del Producto Bruto Interno. Son 27 puntos porcentuales más de lo que Macri recibió.
Lo verdaderamente relevante de esa deuda es la pendiente con el mercado y con los organismos internacionales, ya que la deuda intra-sector público es refinanciable con una simple decisión política. Focalizando entonces en lo que importa, la deuda en manos del mercado se multiplicó por 2,3 (de 74.000 a 146.000 millones de dólares) y la deuda con organismos internacionales se multiplicó por 2,4 (de 39.000 a 68.000 millones de dólares), básicamente por el megapréstamo del FMI. En relación con el PBI, la deuda relevante aumentó de menos del 20 por ciento al 53 por ciento actual.
El justificativo del Gobierno fue que ese endeudamiento evitó que el ajuste fiscal tuviera que ser aún más pronunciado. El argumento pierde casi toda su fuerza al observar que el equilibrio fiscal primario al que el gobierno se aproxima de nada sirvió para frenar la inflación, empeoró las cuentas externas y agudizó una recesión motivada por esos y otros factores.
También es cierto que el gobierno anterior pudo mantener el nivel de deuda en escalones muy bajos (y de esa manera dejarle un herencia muy valiosa a Macri) a costa de pérdida de reservas de divisas en el Banco Central y de un férreo control de capitales a través de llamado cepo cambiario, que, entre otras cosas, restringió fuertemente el grado de atesoramiento y fuga de dólares.
Pero tan cierto como eso es que la libertina apertura de capitales que realizó Macri apenas asumió, y cierta recuperación de reservas que logró, de nada sirvieron para colaborar con los objetivos más básicos de una política económica: crecer, generar empleo, mejorar el bienestar general, y… reducir la pobreza.
Además, si creemos que la restricción externa es una causa crucial de la inflación, haber contraído un enorme endeudamiento para suavizar un poco el ajuste fiscal no parece haber sido una jugada conveniente. Los datos duros macroeconómicos sobre inflación y recesión hablan por sí solos. Con lo cual la peor herencia en términos macroeconómicos con la que se encontrará el próximo gobierno, ya sea el propio Mauricio Macri o Alberto Fernández, será la deuda externa.
El candidato del Frente de Todos ya lo dijo con todas las letras, y aunque Mauricio Macri no hable de otra cosa que rogar por el voto para no volver al pasado, e insistir en que pretende hacer lo mismo pero más rápido, cualquiera que gane la elección va a encarar de inmediato una renegociación con el FMI. El motivo es que sin sacar los pies del plato (algo que ninguno de los dos tiene en mente), no hay posibilidad alguna de devolver la montaña de dinero que prestó el FMI en los tiempos acordados.
Los USD 57.000 millones que se habrán recibido hasta el 2020 (90% de esos fondos durante el actual gobierno), deberán comenzar a ser devueltos a partir de 2022, y los vencimientos de ese año y del siguiente trepan a USD 46.000 millones entre capital e intereses, lo que implica 5 por ciento del PBI cada año, de acuerdo a los cálculos de la consultora Ecolatina. Si a eso se le agrega los vencimientos de los bonos públicos en manos privadas, el monto se duplica, con lo cual habría que hacer frente al equivalente al 10 por ciento del PBI. Sencillamente imposible, por más que un eventual triunfo del oficialismo derrumbe el riesgo país y abra el mercado de capitales internacional para colocaciones del Estado o privadas.
Más crédito, más reformas
La renegociación con el FMI tiene como único objetivo posible transformar el acuerdo stand by vigente en un Acuerdo de Facilidades Extendidas. Su ventaja es la refinanciación y estiramiento de los plazos de pago (hasta 10 años después del último desembolso), pero a cambio de que el país realice reformas estructurales que, a juicio del organismo, sirvan para estabilizar la economía.
El citado informe de la consultora fundada por Roberto Lavagna y que hoy conduce Santiago Paz y tiene como principal economista a Lorenzo Sigaut Gravina, evaluó los resultados de los 31 Acuerdos de Facilidades Extendidas que el FMI firmó desde 2002: el mayor de ellos con Grecia en 2012 por USD 33.000 millones y los más recientes con Ecuador y Pakistán.
En términos de crecimiento el balance global no es malo. Los países avanzaron casi un 3% anual en los años posteriores al acuerdo, aunque aclaran que los dos casos no exitosos se dieron en países, Grecia y Portugal, «con importantes historias de estados benefactores, algo similar a lo que sucede en nuestro país». En ambos casos el nuevo programa profundizó la recesión.
El balance empeora considerando otros criterios. La mayoría de los países empeoraron sus desequilibrios externos, en parte debido a las mayores importaciones derivadas del crecimiento, y en parte a la apreciación de sus respectivas monedas como consecuencia del ingreso de capitales entusiasmados por el acuerdo.
Y empeora más al observar los resultados de las reformas laborales que se pusieron en marcha, que junto con la previsional y la tributaria son las exigencias que suelen acompañar el otorgamiento de un acuerdo de ese tipo. Lejos de mejorar la situación del mercado laboral, en el promedio de los países el desempleo subió 3 puntos porcentuales, y demoraron entre cuatro y cinco años en recuperar los niveles previos.
Es evidente que al próximo presidente el panorama se le presenta muy complejo. Si gana Macri, deberá tomar su propia medicina. Si gana la oposición, se verán en la encrucijada de tener que cumplir con todas las promesas y expectativas de mejoras en un contexto muy difícil, con muchas restricciones y condicionamientos, y teniendo que negociar –lo que implica ceder- nada menos que con el FMI.
FUENTE: Infobae
