09/11/2016 judiciales
El subsecretario Abel Fatala negó favoritismo para Lázaro Báez en la concesión de obra pública
El ex funcionario aseguró además que, de los 52 expedientes de licitación favorables a Báez, que fueron cuestionados por una auditoria de las nuevas autoridades de Validad, ninguno pasó «en ninguna instancia por la Subsecretaría, porque eran rutas nacionales y provinciales».
El ex subsecretario de Obras Públicas de la gestión kirchnerista Abel Fatala negó hoy que se haya beneficiado de manera especial al detenido empresario Lázaro Báez en contrataciones del Estado, destacando la gran cantidad de concesiones gubernamentales otorgadas entre 2003 y 2015, informaron fuentes judiciales.
«Formé parte de un proyecto político que tenía como foco la inversión en obra pública con inclusión social como motor de la economía», declaró Fatala en su indagatoria en la causa que investiga el presunto direccionamiento de las obras públicas en Santa Cruz en favor de Báez. La causa judicial está a cargo del juez Julián Ercolini.
El ex funcionario aseguró además que, de los 52 expedientes de licitación favorables a Báez, que fueron cuestionados por una auditoria de las nuevas autoridades de Validad, ninguno pasó «en ninguna instancia por la Subsecretaría, porque eran rutas nacionales y provinciales».
Fatala afirmó que esas obras fueron realizadas bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) -en ese momento a cargo de Nelson Periotti, también indagado en este expediente- y sostuvo que ese organismo constituye un «ente autárquico con normas propias».
«El Director Nacional de Vialidad era casi como un subsecretario más, estaba equiparado, pues estaba a cargo de un ente autárquico con características fuera de nivel», indicó Fatala.
Al declarar ante Ercolini, que investiga a la ex presidenta Cristina Kirchner y a varios funcionarios de su gobierno por un supuesto favoritismo, Fatala -subsecretario de Obras Públicas desde el 2007 hasta el 2015- enfatizó que en ese período se realizaron obras por 107.000 millones de dólares, en su mayoría descentralizadas, y con controles diversos.
«Se deben haber realizado unas 3.500 obras, no hubiera sido posible sin descentralizar la forma de hacerlo, por lo que debían diversificarse las fuentes de control», aseguró Fatala, quien fue subordinado en el Ministerio de Planificación Federal del detenido ex secretario de Obras Públicas José López.
Fatala fue el octavo indagado por Ercolini en base a una imputación de los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita sobre la supuesta existencia de una «asociación ilícita» tendiente a favorecer a Baéz, quien está procesado por lavado de activos en un expediente que tramita en el juzgado de Sebastián Casanello.
Acompañado por su abogado Lucio Simonetti, Fatala se rehusó a contestar preguntas de los fiscales hasta tener más detalles de la imputación, según consignaron las fuentes.
En la causa ya fueron indagados, entre otros, la ex presidenta, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; López, y el supuesto beneficiario del plan, el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez.
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