Lo hizo un abogado profesor de la Facultad de Derecho. Le pidió al juez que haga cesar las razzias policiales y se expida sobre su constitucionalidad.
Un abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la UNC presentó ante la Justicia provincial un hábeas corpus colectivo preventivo a favor de los vecinos de barrios periféricos de la ciudad de Córdoba para evitar que sufran detenciones arbitrarias por parte de la Policía de Córdoba, en el marco de la “saturación” territorial que la fuerza está aplicando como “política contra la inseguridad”.
Hugo Omar Seleme, titular de la cátedra de Ética de la mencionada Facultad, y director del proyecto de Investigación “Acceso a la Justicia” del Sistema Argentino de Información Jurídica del Ministerio de Justicia de la Nación, fue el autor del primer hábeas corpus posterior a las razzias policiales del 1 y 2 de mayo pasado. El recurso apunta a proteger a vecinos de los barrios Argüello, Autódromo, Sol Naciente, San Roque, Villa Urquiza, Villa El Libertador, Müller, Villa El Nylon, San Vicente, Bajo Pueyrredón, Marqués Anexo y Yapeyú, todos “aportantes” de jóvenes víctimas de detenciones y abusos policiales.
En su presentación, Seleme invoca el artículo 43 de la Constitución Nacional y señala que los residentes de dichos barrios “ven amenazada su libertad ambulatoria” por los “operativos de saturación con fuerte ocupación territorial”.
Además, le solicita al juez que tome el caso que “se pronuncie acerca de la constitucionalidad de los procedimientos” policiales y “ordene el cese de tal situación”.
La idea de «ocupación territorial» fue admitida por el jefe de la Policía de Córdoba, Julio César Suárez, y justificada por el gobernador de la Provincia, José Manuel de la Sota, quien por otra parte dijo que la Policía de Córdoba es “garantista”.
En la fundamentación del recurso, Seleme destaca que las detenciones masivas “suponen la violación de innumerables garantías constitucionales y Derechos Humanos, lo que es susceptible de acarrear responsabilidad internacional del estado”, a la vez que solicitó “una rápida y eficaz judicial para resguardar y proteger de manera inmediata la libertad ambulatoria” en los mencionados barrios. Asimismo, el abogado hace reserva de presentarse ante la Justicia Federal en caso de hallar eco en los Tribunales provinciales.
Durante el fin de semana largo del 1 al 3 de mayo la Policía provincial sacó a la calle un número indeterminado de efectivos (se calculan entre 1.000 y1.500) para realizar lo que propia fuerza calificó de “megaoperativo de saturación”, que derivó en la detención de centenares de jóvenes, la inmensa mayoría por aplicación del Código de Faltas provincial. Aunque extraoficialmente de informó que los detenidos fueron 350, los organismos de derechos humanos y de lucha contra la violencia institucional calcularon que se llevaron a “un millar” de chicos, obviamente casi todos de sectores pobres. El jueves, más de diez mil cordobeses marcharon por las calles de Córdoba, hasta el Centro Cívico, para repudiar estos procedimientos y la decisión política que los sostiene. Es que los propios chicos detenidos aseguraron que los uniformados les sugierieron “no salir” a la calle hasta después de las elecciones, ya que las razzias se iban a repetir mientras durara la campaña electoral para los comicios del 5 de julio.
No fueron masivas, pero hubo detenciones
La Campaña contra la Violencia Institucional Córdoba denunció ayer que, si bien con la multitudinaria marcha del jueves se “paró la masividad” de las detenciones arbitrarias, no se evitaron del todo y volvieron a repetirse el fin de semana. Según dijo a LA MAÑANA el abogado Lucas Bruno, responsable de la Campaña, el sábado comprobó la detención de “entre 70 y 100 chicos”, de barrio Kennedy, Colón, Las Flores, Urquiza, Parque República, entre otros. Los jóvenes, detenidos en su mayoría por aplicación del Código de Faltas, fueron llevados a la UCA Centro. En el sitio de Facebook de la organización se publicaron fotos de chicos víctimas de golpes.
