El Gobierno creó la denominada Unidad de Garantía de Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, que funcionará en el ámbito de la Dirección de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad.
La medida se comunicó a través de la resolución 234/2019, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial y en cuyos considerandos se expone la necesidad de «una acción reparadora a los daños causados por agravios a los derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, ya sea por otros miembros de las Fuerzas o bien por ciudadanos».
La decisión generó la reacción de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto: «Es vergonzosa la creación de la oficina de DDHH policial. Están completamente locos, es una vergüenza lo que plantean».
«Que dejen que la policía cree un gremio y que el Gobierno sanee de corrupción a las fuerzas, así se defienden los derechos humanos», remató en el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por Futurock.
De acuerdo con la norma, la flamante Unidad tendrá las siguientes funciones:
a. Relevar información y producir estudios de diagnóstico que permitan identificar las fortalezas y debilidades de la normativa relativa a la protección de los derechos humanos de los efectivos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.
b. Contribuir con acciones e iniciativas que persigan el objetivo de ampliar y garantizar la efectiva protección de los derechos humanos de los efectivos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.
c. Contribuir a fortalecer la cultura del respeto y el ejercicio de los Derechos Humanos a través de la formación, promoción y difusión de los derechos humanos en las distintas etapas de formación y capacitación de los efectivos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, coordinando estas acciones con las áreas competentes del Ministerio.
d. Impulsar programas de acción con el objeto de realizar estudios diagnósticos, investigaciones y relevamientos sobre conculcación, privación o restricción de derechos humanos de los efectivos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, incluso con la cooperación de instituciones académicas y técnicas.
Esta nueva medida se enmarca dentro de la serie de muestras de apoyo a las fuerzas de seguridad que han caracterizado la gestión de Patricia Bullrich.
La ministra de Seguridad, por ejemplo, lideró la férrea defensa que el oficialismo hizo del policía Luis Oscar Chocobar, quien a fines del año pasado abatió a un delincuente que había atacado con diez puñaladas a un turista en el barrio de La Boca.
Según ella misma explicó, desde el Ejecutivo impulsaron un cambio de doctrina en materia de seguridad. «Hasta ahora, el policía que estaba en un enfrentamiento iba preso. Nosotros estamos cambiando la doctrina y hay jueces que no lo entienden. Lo vamos a cambiar en el Código Penal», dijo en su momento. Incluso el presidente Mauricio Macri convocó a Chocobar y lo respaldó públicamente.
Tiempo después se oficializó el nuevo reglamento general para el empleo de armas de fuego que dio mayores libertades a las fuerzas federales para disparar en casos de delitos graves y persecuciones. Entre otras cosas, estipula que los efectivos ya no deberán esperar que les disparen para responder las hostilidades.
En enero, en otro claro «gesto» de apoyo, el Ministerio de Seguridad estableció el programa «Restituir» destinado a reestablecer la carrera y los haberes de los policías que hayan sido sobreseídos o absueltos en causas judiciales por mal desempeño.
Ayer la ministra y el jefe de la Federal visitaron a los policías que resultaron heridos tras un enfrentamiento con efectivos de la bonaerense que intentaron extorsionar a una mujer en Avellaneda.
