Ministros israelíes chocan con la Corte Suprema por la legalización de colonias
Polémica en el gobierno
La justicia exige que el asentamiento de Amona sea evacuado antes de Navidad. Hay cruces en el gabinete.
Estrategia. Netanyahu podría verse obligado a congelar el proyecto si quiere salvar su gobierno (Reuters).
- Ana Garralda
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Periodista, colaboradora de Clarín en Jerusalén.
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elmundo@clarin.com
Una de las normas más controvertidas de los últimos años amenaza con condicionar el futuro de Israel. La Knéset (el Parlamento local) aprobó hoy en primera instancia un proyecto de ley que, de salir adelante, legalizaría cientos de viviendas construidas por los colonos israelíes en tierras privadas palestinas de la Cisjordania ocupada. La decisión abrió una batalla interna en la propia coalición de gobierno, amenazando su continuidad.
El eje de la discusión es la llamada “ley de regularización”, que pretende legalizar con carácter retroactivo cientos de asentamientos no reconocidos por la ley internacional. Los analistas estiman que la llegada al poder en EE.UU. de Donald Trump, más cercano al liderazgo del premier conservador Benjamin Netanyahu que el actual presidente, Barack Obama, es un apoyo adicional a la ofensiva de la derecha radical.
“Es el proyecto de ley del horror”, denunció Isaac Herzog, líder de la oposición parlamentaria. La diputada del izquierdista Meretz, Zaava Gal-on, fue más allá: afirmó que “el gobierno se ha entregado a la extrema derecha, promoviendo una ley que puentea al Tribunal Supremo (Corte Judicial) con la intención de legalizar el robo de unas tierras que pertenecen a los palestinos”. Aún así, esta iniciativa fue aprobada por 58 votos contra 51 (de un total de 120 escaños).
Como era previsible los palestinos pusieron el grito en el cielo ante esta nueva vuelta de tuerca dentro de la política de hechos consumados. “No se trata de que ni el gobierno israelí ni el tribunal supremo determinen si una colonia es legal o no, pues todas ellas son ilegales según el derecho internacional”, aseveró el secretario general de la OLP, Saeb Erekat. Éste también especuló con llevar el caso ante el Tribunal Penal Internacional, algo poco viable pues Israel no es firmante del Tratado de Roma.
Conscientes de que la victoria de Trump provocará un cambio de posición de Washington, el gobierno israelí ha decidido pasar a la acción en su intención de anexionarse unilateralmente la mayor parte posible de Cisjordania. El proyecto de ley en disputa no es más que un primer paso, que a su vez supone una importante prueba para el cumplimiento del estado de derecho y la separación de poderes en Israel. Si el domingo pasado el ejecutivo aprobó unánimemente el texto propuesto por Hogar Judío que lidera el ministro de Cultura Naftali Bennet, la aprobación por parte del pleno se vio seguida de un polémico cruce de acusaciones entre representantes del Likud de Netanyhu, y del grupo de Bennet, dado que ambas formaciones reclaman la autoría de la ley para granjearse el apoyo de los colonos. Ahora la coalición de gobierno se enfrenta a su mayor desafío puesto que el Tribunal Supremo se negó a otorgar una nueva prórroga para la evacuación forzosa de la colonia de Amona, prevista para el 25 de diciembre. Los colonos se han conjurado para defender el proyecto, pero Netanyahu podría verse obligado a cajonearlo para evitar la abstención de Obama ante una potencial resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que reafirme la ilegalidad de las colonias justo antes de dejar la Casa Blanca.
Source: Internacionales