En la Cámara de Diputados, un proyecto vino con fuertes críticas. Busca “regular” las opiniones en Internet. Es una iniciativa oficialista. Intenta reprimir con “penas de un mes a tres años de prisión a quien alentare o incitare a la persecución, el odio, la violencia o la discriminación contra una persona o grupo de personas mediante mensajes publicados en la web”.
Además, el proyecto indica que “será considerado contenido discriminador todo mensaje publicado en las plataformas de contenidos producidos por los usuarios que a través de patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, mensajes, valores, iconos o signos transmita y/o reproduzca dominación y/o desigualdad en las relaciones sociales, naturalizando o propiciando la exclusión o segregación en razón de pretextos discriminatorios”.
El debate por la libertad de expresión, la censura previa, y sobre qué es discriminación (y qué no), se profundizan con esta iniciativa que ya está siendo repudiada por varias instituciones que protegen el derecho de usuarios en la web.
El abogado Matías Altamira especialista en Derecho Informático sostuvo: “el proyecto de ley tiene una buena intención pero un mal procedimiento, porque amplía a límites impensados el concepto de discriminación, obliga a las plataformas de Internet a controlar los comentarios de sus usuarios lo que derivaría en una censura previa privada. Porque ante el riesgo de ser condenado por comentarios muy variados de sus usuarios es mejor cerrar la posibilidad a esos comentario”.
Para el especialista “si el objetivo es mejorar la comunicación entre los internautas, este objetivo no se logrará. Todo lo contrario, atacará directamente a la retroalimentación que cada aporte de cada usuario genera para Internet. Un desafío muy grande le queda a las redes sociales que tienen por esencia la comunicación libre de todos sus usuarios”.
