Traspié para Cristóbal López: confirman a un juez que quería desplazar
Empresario K
Es Héctor Vitale que lleva adelante el concurso de acreedores de Oil Combustibles por una deuda de $ 11 mil millones.
Cristobal Lopez cada vez más complicado en la Justicia. Foto Emmanuel Fernández.
- Lucio Fernández Moores
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lfmoores@clarin.com
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ratificó hoy al juez Héctor Hugo Vitale al frente del expediente en el que la firma Oil Combustibles, del cuestionado empresario Cristóbal López, pretende tramitar su deuda de $ 11 mil millones de pesos a través de un concurso de acreedores.
Vitale había sido recusado por el síndico Humberto Trigo, designado en la Justicia de Chubut, donde la firma quiso tramitar el caso que después terminó en la Capital Federal por orden de la Corte Suprema nacional. Pero la Sala D de la Cámara Comercial rechazó la recusación y ahora estudia el fondo del asunto.
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Vitale había decretado la nulidad de la apertura del concurso dispuesta un semestre atrás por el juez provincial chubutense Gustavo Toquier, quien afronta un pedido de juicio político por ello. La Corte determinó que la competencia para tramitar el concurso era de un juez nacional con asiento en la ciudad de Buenos Aires ya que allí tenía radicado su domicilio la firma ante la Inspección General de Justicia.
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La sala D, integrada por los jueces Pablo Heredia, Gerardo Vasallo y Juan Garibotto, ahora estudiará la validez de lo dispuesto por Vitale ya que su decisión fue apelada por los abogados de Oil Combustibles. La empresa fue denunciada a principios de año por la AFIP por presunta «insolvencia fiscal fraudulenta» para eludir pagar 8 mil millones de pesos adeudados por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC).
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Los dos empresarios emblemáticos del kirchnerismo, López y Lázaro Báez, presentaron a sus principales firmas en concursos de acreedores luego de la asunción del nuevo gobierno de Mauricio Macri pero hasta ahora -salvo la cuestionada maniobra en Chubut- los jueces nacionales le rechazaron los pedidos.
La semana pasada fue la jueza María José Gigy Traynor quien rechazó en duros términos la solicitud planteada por la empresa Austral Construcciones, investigada penalmente por presunto delito en el manejo de casi el 80% de la obra pública vial de la Nación en la provincia de Santa Cruz durante la última década.
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Source: Nacionales
