Un su extenso discurso de apertura de sesiones legislativas, el gobernador José Manuel de la Sota, entre otros anuncios, dio precisiones sobre un tema que hace tiempo venía postergado: la conformación de la nueva Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
Un año antes, al iniciar el período de la Unicameral en 2014, el mandatario provincial había puesto especial énfasis en la creación de esta futura estructura de seguridad, ante la necesidad de desprenderse de ese pesado lastre en que se convirtió, a mediados de 2013, el llamado “narcoescándalo” que terminó con la cúpula de Drogas Peligrosas de la Policía provincial tras las rejas por sospechas de connivencia con los narcotraficantes.
Así, se anunciaba que el combate contra el narcotráfico dejaba de ser potestad de Jefatura para depender, a partir de la nueva criatura, del Ministerio Público Fiscal.
Pese a que la FPA fue aprobada de manera veloz en la Unicameral en abril de 2014, durante meses se postergó su futura conformación.
Nombres y apellidos
Al inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura, De la Sota acabó con el misterio y le puso nombres y apellidos a las máximas autoridades de esta fuerza.
Anunció que el fiscal General Alejandro Moyano –haciendo uso de sus facultades– había propuesto como jefe al actual director de Sumarios y Asuntos Judiciales de la Policía Judicial, Martín Berger, mientras que como subjefe aparecía el número 2 del cuerpo de élite Eter de la Policía provincial, Francisco Salcedo.
Ahora, la Unicameral deberá aprobar o rechazar a los candidatos, aunque se descuenta que ambos quedarán firmes ya que el oficialismo cuenta con mayoría propia.
“La nueva fuerza policial antinarcotráfico comenzará a operar los primeros días de marzo”, agregó De la Sota, quien detalló que va a estar conformada por 200 policías y que se incorporarán a modernos escáneres para controles en las rutas.
Y aunque no lo dijo, también se supo que se están entrenando a 11 perros antinarcóticos, un viejo reclamo del legislador opositor Aurelio García Elorrio.
Berger proviene de una familia judicial. Su padre es el exfiscal de Cámara Norberto Berger, mientras que su hermano Enrique es el actual fiscal de Instrucción de Laboulaye.
Tanto él como Salcedo son poco conocidos para la opinión pública de Córdoba. Cultores del perfil bajo con la prensa, tampoco han tenido una exposición de envergadura por los cargos que han ocupado hasta hoy.
Berger es el actual titular de director de la Dirección General de Sumarios y Asuntos Judiciales de la Policía Judicial.
Dentro del organigrama de la fuerza está en el máximo escalafón junto a otras áreas, de acuerdo a la última reforma interna. Sólo tiene por arriba al director Federico Storni.
En esta dirección se encuentran las unidades judiciales compuestas por ayudantes fiscales y sumariante.
En la práctica, Berger es visto como una persona de estrecha confianza de Storni y que se encarga de llevar los sumarios de aquellos empleados en falta.
Su nombre sólo figuró en los últimos tiempos, de manera pública, cuando se extendió el conflicto salarial con el gremio de los judiciales, que conducía Irina Santesteban, en 2013.
“En Córdoba, el secretario de Sumarios de Policía Judicial, Martín Berger, a pesar del relevamiento sobre las pésimas condiciones edilicias que pudo hacer en sus poco frecuentes visitas a las Unidades Judiciales (UJ) de nuestra ciudad, lejos de dar una solución a todos los inconvenientes planteados, no tuvo mejor idea que enviar un correo electrónico a todas las UJ, recordando la vigencia de la Acordada Nº 79 del 8/11/1976 (¿?), donde con lenguaje castrense, como correspondía a esa época, se impone la vestimenta que deben llevar los empleados judiciales”, fue uno de los párrafos que el gremio le dedicó en su momento.
Sólo levantó su perfil a finales del año pasado cuando concurrió junto al fiscal general Alejandro Moyano y a Storni a la presentaciones de los operativos policiales de verano en los valles turísticos.
Del cuerpo de elite
Por su parte, el comisario inspector Francisco Adrián Salcedo hoy se desempeña como segundo jefe del Eter, una fuerza especial dentro de la Policía para actuar en casos de mayor gravedad.
La mayor parte de su carrera policial la hizo siempre dentro de este grupo de élite de la fuerza.
Fue una pieza clave en la captura de Martín “el Porteño” Luzi, un delincuente abocado a los secuestros extorsivos que a mediados de la década de 2000 se había transformado en un gran dolor de cabeza para el Gobierno provincial.
También estuvo encargado de varias custodias a funcionarios durante actos de gobierno. Es un hombre que siempre fue considerado un colaborador de extrema confianza del exjefe de Policía y exministro de Seguridad, Alejo Paredes, quien dejó el gobierno como consecuencia del narcoescándalo.
