A partir de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, las fuerzas de Seguridad podrán utilizar la armas electrónicas. Organismos de Derechos Humanos cuestionan su uso.
El gobierno habilitó el uso de pistolas Taser a las fuerzas policiales y de seguridad federales. La medida fue oficializada en el Boletín Oficial, mediante una resolución que las presenta como “un medio intermedio” para el uso de la fuerza. Entre otros argumentos, asegura que dará a los uniformados “una opción” a las armas de fuego. Con la publicación del texto, difundido como un reglamento para el empleo de armas electrónicas no letales, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, instruyó a las autoridades de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y Gendarmería «a que procedan a la inmediata implementación de cursos de capacitación» para su uso.
La decisión de armar a las fuerzas de seguridad con estas pistolas es un ansiado proyecto de la administración de Cambiemos que viene recibiendo múltiples objeciones de los organismos de derechos humanos. La principal es que su alegada condición de “arma menos letal” llevará a su uso indiscriminado por parte de las fuerzas policiales, ampliando las situaciones en que la policía puede disparar. En este sentido, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) advirtió que “el uso de las Taser requiere de dispositivos de salud y de seguimiento y control que hoy ninguna de las policías del país tiene”.
Cambiemos anunció hace cinco meses la compra de unas 300 pistolas. Entre los argumentos para su habilitación, la resolución sostiene que “los resultados obtenidos en los estudios médicos y técnicos realizados en prestigiosas universidades, como los efectuados por las universidades de California (UCSD) y Winston-Salem de los Estados Unidos, y por el Instituto de Medicina Legal de Málaga, España, concluyen que el empleo de las armas electrónicas no tiene efectos letales sobre las personas”.
Al mismo tiempo, se previene de amparos judiciales citando un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que sostuvo la legalidad de su empleo.
FUENTE: Página 12
