El ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quedó involucrado en una denuncia ante la Oficina Anticorrupción (OA) por el presunto delito de “administración fraudulenta” dentro del Registro Nacional de los Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre). Abel Guerrieri (orgánico de la Sociedad Rural Argentina), quien ocupó la presidencia del organismo hasta el 20 de diciembre de 2018, rubricó al menos un contrato de manera directa por más de 9 millones de pesos con una empresa dedicada -supuestamente- a prestar servicios informáticos (Biesles SA) a pesar de haber sido objetada por los dos síndicos del organismo en representación del Estado, Diego Cimoli y Sara Gatti. Luego de haber elevado un informe interno dentro de la cartera laboral -que nunca contó con una respuesta formal de Triaca-, Guerrieri y Erica Vanesa Utrera, orgánica de la Uatre y empleada del área administrativa y legal del Renatre, fueron denunciados ante la OA por los delitos de “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta” a partir de las sistemáticas erogaciones hacia una “empresa fantasma”. La denuncia ante la entidad que conduce Laura Alonso sugiere que Triaca sea investigado administrativa y penalmente por su inacción ante los informes críticos de los dos síndicos. Desde la llegada de la Alianza Cambiemos al gobierno, el Renatre volvió a ser denunciado por lo que era en tiempos del Momo Venegas: un pasa manos de contratos millonarios entre empresas amigas en detrimento de los trabajadores rurales de todo el país.
“El Renatre contrató primeramente en forma ilegítima a una empresa para que audite sus sistemas, y rápidamente la volvió a contratar para que le confeccione una gestión integral en la Secretaría de Informática, y además confeccione una solución tecnológica en materia de fiscalización. También se la contrató por urgencia y necesidad, lo que es una falacia a todas luces”, sostiene la denuncia realizada formalmente ante la Oficina Anticorrupción y que fue adelantada por este diario. La acusación puede rastrearse bajo el número 5798 e ingresó al sistema del organismo el 21 de diciembre, según se pudo constatar ante la Mesa de Entrada de la entidad que conduce Alonso. La pregunta que se abre es la siguiente: ¿qué hará la titular de la OA con el expediente que implica un posible hecho de corrupción apañado por el ex ministro de la cartera laboral?
La acusación hacia las autoridades del Renatre incluye una operatoria por más de 9 millones de pesos. Pero no es la única. Desde que el presidente Mauricio Macri convalidó la entrega del organismo fiscalizador a la Uatre y las patronales agropecuarias, cobraron nuevamente protagonismo los contratos millonarios hacia “empresas amigas”, situación que los denunciados ni siquiera trataron de disimular ya que despertaron la inconformidad de los propios síndicos en representación del Estado.
Cimoli y Gatti le advirtieron a Triaca de las maniobras fraudulentas en una nota firmada el 31 de julio de 2018 e incorporada en el Expediente 1-2015-1799997/2018. “Tratándose de una contratación de compra directa por especialidad, resulta llamativo que no obre en el expediente dictamen alguno de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos al respecto, ni tampoco informe del área de informática que justifique y/o avale la necesidad de contratar y/o sugerir a empresa alguna o Biesles SA, para que realice la labor de desarrollo de un sistema informático de fiscalización”, escribieron los síndicos en la nota cursada a Triaca de la que nunca hubo respuesta por parte del ex ministro según la denuncia. Es decir, quien fuera responsable del área de Trabajo hasta diciembre del año pasado nada hizo para frenar las supuestas contrataciones fraudulentas denunciadas por los propios síndicos de la cartera laboral tal como consta en el expediente citado. Por esta misma inacción, en la denuncia formulada ante la OA sugieren que el ex funcionario también sea investigado, y de corresponder, que se eleven las denuncias penales pertinentes.
Las objeciones formales ante la cartera laboral llegaron cuando Guerrieri y Utrera ya habían emitido la orden de compra para Biesles SA, cuyo titular es Juan Guillermo Leruga, tal como consta en la foja 376 del expediente interno del Renatre, también aportado como prueba ante la Oficina Anticorrupción. El tándem Guerrieri-Utrera autorizó el pago de 9,6 millones de pesos por la contratación de “servicios profesionales” a una empresa que, según lo analizado por los síndicos, “carece de trabajadores y capacidad” para llevar adelante el trabajo contratado.
“Es evidente que la tríada generada por el denunciado Guerrieri, en conjunto con Leruga y la Sra. Utrera en su calificada posición en el organismo en cuestión, han permitido desplegar esta conducta, en claro perjuicio de los trabajadores rurales, contratando en diversas oportunidades a la empresa Biesles SA, sin argumento serio, en base a una supuesta necesidad y urgencia que no es tal, y recayendo en esa empresa sin realizar ningún tipo de licitación pública, o siquiera una mera compulsa de precios que permita avalar tal decisión”, agregaron los síndicos.
Cuando el fallecido Momo Venegas reinaba tanto en la Uatre como en el Renatre, los contratos directos a empresas vinculadas al propio gremio de los trabajadores rurales eran por demás comunes. En el momento en que el Estado nacional recuperó por ley el instrumento de fiscalización y lo reemplazó por el Renatea (2011), todas las maniobras de contrataciones a empresas “amigas” efectuadas por la Uatre y las patronales agropecuarias fueron denunciadas en un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
La tómbola volvió a girar con Macri como Presidente; una de sus primeras acciones fue desmantelar el Renatea a favor del Momo Venegas y de las entidades empresariales. Es decir, no sólo se restableció el pasa manos de autoridades entre la Uatre y los ruralistas (nunca en procura de mejores condiciones de vida para los trabajadores y trabajadoras rurales) sino también la distribución de recursos hacia empresas privadas, muchas veces vinculadas a los integrantes del propio Registro (ver aparte).
La empresa denunciada
Biesles SA, presidida por Juan Guillermo Leruga, es la figura legal utilizada para cobrar el contrato millonario con el Renatre; sin embargo, los servicios que debería prestar Leruga serían ofrecidos por otra sociedad denominada IT Quality. Ambas pertenecerían a un grupo llamado Tekne, del que no existen mayores referencias. Por eso la denuncia cuestiona la “solvencia” de la empresa seleccionada por el Renatre.
En el contrato confeccionado con la rúbrica de Guerrieri figuran dos domicilios vinculados a Leruga (ambos en Parque Patricios). En la supuesta oficina ubicada sobre la calle Tacuari aparece registrada otra sociedad presidida por este mismo empresario (Loncotech). Sin embargo, los dos números de teléfonos asociados “no corresponden a un abonado en servicio”, dato que abonaría las sospechas sobre la (in)solvencia de dicha compañía. La otra dirección que se ofrece ubica a la empresa sobre la Avenida Brasil pero el número de teléfono informado (finalizado en 2027) no se corresponde con ese domicilio. Por otro lado, el sitio web del mencionado grupo Tekne informa que está ubicado sobre la misma calle Tacuari y publica otros dos números de teléfonos inexistentes.
FUENTE: Página 12
