Luego de una larga puja burocrática por conseguir información, y con la documentación en mano, la dirigente del GEN y ex diputada Margarita Stolbizer denunció que el Gobierno se encuentra ante un «preocupante proceso de privatización» de buena parte del asesoramiento jurídico que tiene el Estado de parte de más de 100 estudios de abogados distribuidos en diferentes reparticiones del Poder Ejecutivo.
La Asociación Civil Bajo La Lupa que lidera Stolbizer realizó un relevamiento de las diferentes contrataciones de estudios jurídicos o abogados externos por parte del Poder Ejecutivo Nacional y determinó que al mes de abril de este año se detectaron 104 contratos celebrados con abogados externos al Estado.
Sin embargo, los departamentos jurídicos de los ministerios tienen un plantel de unos 5.000 profesionales dedicados supuestamente al ejercicio de la defensa de diferentes casos de litigios del Estado nacional.
«Estamos en un proceso preocupante de privatización de funciones propias del Estado y con el discurso del achicamiento de gasto y los abusos previos se prescinde de empleados para trasladar tareas a consultoras y profesionales particulares. Eso implica amiguismo y discrecionalidad sin ahorro ninguno, peor el remedio que la enfermedad«, dijo Stolbizer.
La ley 12.954 creó el cuerpo de abogados del Estado con el objeto de que asumiera el asesoramiento jurídico y la defensa ante los tribunales del Poder Ejecutivo y de todos los organismos que integran la administración. Para ello se estructura con una Dirección General –a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación– y por los servicios jurídicos permanentes (delegaciones) en cada uno de los Ministerios, Secretarías de Estado y demás reparticiones de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada.
Esa misma la ley establece en su artículo 16 que ninguna repartición nacional podrá nombrar asesor letrado ni otra clase de funcionario que específicamente ejerza función para la que precise el título de abogado, sin oír previamente a la Dirección del Cuerpo de Abogados del Estado; ésta examinará si la función que quiere encomendarse al funcionario encuadra dentro de las que corresponden al cuerpo y siendo así, propondrá el nombre de los funcionarios que se encuentren en condiciones de ocupar tales cargos. A título de excepción, las normas que regulan la defensa del Estado Nacional admiten la posibilidad de contratación de abogados externos, tal cual lo prevé el Decreto Nº 202/97 para la privatización de la representación y patrocinio en juicio del Estado Nacional. No obstante, su excepcionalidad y especial naturaleza pública, han motivado que la Procuración del Tesoro sostenga que las actividades del Cuerpo no resultan susceptibles de «tercerización» como si fuera un servicio privado.
Stolbizer solicitó por medio del mecanismo de acceso a la información pública todos los datos del Gobierno relacionados con las contrataciones de los estudios jurídicos o abogados particulares.
En la respuesta brindada por la Procuración del Tesoro de la Nación se detalló que las reparticiones que más contratan abogados externos son: la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (48 abogados externos), el Banco de la Nación Argentina (25 estudios), el ente Regulador del gas (5 estudios), el Ministerio de Hacienda (5 grupos de abogados), la Agencia Administración de Bienes del Estado (3 estudios), la Administración de Parques Nacionales (2), el Banco Central de la República Argentina (3), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (1), la Comisión Nacional de Valores (4 estudios), la Dirección Nacional de Vialidad (1), el Fondo de Sustentabilidad del Anses (1), el Instituto de Vivienda del Ejército (1), el Ministerio de Educación (2 abogados), el Registro Nacional de las Personas (1) y la AFIP (3).
En el informe que presentó Stolbizer se detalló que en la mayoría de los casos no se pudo analizar el monto de la contratación por no haber sido brindada información al respecto, como tampoco el cumplimiento del objetivo del contrato por parte de los estudios externos. «La carencia de la documentación en la Procuración del Tesoro imposibilitó además advertir conflictos de interés que pudieran perjudicar los intereses del Estado», dijo la ex diputada del GEN.
Entre las conclusiones a las que arribó Stolbizer tras recolectar toda la información se alertó que la enumeración de las contrataciones es «meramente enunciativa y no taxativa» porque no se descarta la existencia de otras similares en otras áreas del Gobierno Nacional.
A la vez, Stolbizer determinó que «la carencia de la documentación en la Procuración del Tesoro imposibilitó además advertir conflictos de interés que pudieran perjudicar los intereses del Estado». Se advirtió también que los contratos o las explicaciones brindadas no ofrecen los detalles suficientes para poder individualizar con claridad y transparencia la necesidad de dichas contrataciones.
«En todos los casos se tratan de contrataciones directas que vulneran los principios de transparencia», dice el informe de Stolbizer y añade que «se estarían privatizando tareas que son propias del Estado, duplicándose los costos toda vez que la Administración Pública cuenta con personal que realiza o podría realizar las mismas tareas. Y que, por tanto, dicha contratación implica un sobrecosto para el Estado que no ha sido suficientemente justificado».
FUENTE: Infobae
