Macri dispuso que Michetti intervenga en el tema del Correo Argentino

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A través de un decreto, se designó a la vicepresidenta para llevar adelante cualquier tipo de intervención relacionada con la empresa que fue propiedad del Grupo Macri. La familia del mandatario pretende pagar en cómodas cuotas y a tasas bajas su deuda millonaria con el Estado.

El presidente Mauricio Macri firmó un decreto que busca mostrarlo alejado de toda intervención relacionada con la firma Correo Argentino, que perteneció al Grupo Macri y en la que hasta ahora miembros de su familia mantienen participación societaria en empresas controlantes. El Presidente designó a Gabriela Michetti como la encargada de ocupar su lugar. La familia del Presidente mantiene una deuda millonaria con el Estado, que ofreció pagar en cómodas cuotas y a tasas bajísimas.

Según el decreto publicado esta mañana en el Boletín Oficial, la medida responde al fortalecimiento “de la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, luego de que el Presidente ya intentara ser beneficiado con una suerte de condonación de la deuda. La maniobra devino en una causa penal que hoy radica en el juzgado de Ariel Lijo.

El decreto puntualiza además que mientras familiares del Presidente mantengan participaciones societarias en las empresas controlantes de Correo Argentino S.A, el presidente Mauricio Macri se considera “alcanzado por el deber de abstención”.

“Razones de decoro, delicadeza y transparencia en el ejercicio de la función pública resulta el fundamento pertinente para proceder a mi excusación en la intervención que pudiera corresponderme respecto de cualquier asunto relacionado con la mencionada empresa”, indica la norma firmada por Macri y Marcos Peña.

A mediados de este año, la empresa Correo Argentino SA, administrada por el Grupo Macri, presentó una nueva oferta al Estado argentino por su deuda multimillonaria. La oferta de base fue similar a la que había presentado el 28 de junio de 2016, y que había sido denunciada por implicar una condonación lisa y llana. A la última oferta, la familia presidencial le sumó lo que denominó “una mejora de plazo y monto” y un “reconocimiento adicional”.

La propuesta se concretó en un audiencia desarrollada frente a la Sala B de la Cámara Comercial a la que asistieron los abogados de la Procuración del Tesoro que representan al Gobierno, los representantes de la empresa y la fiscal del concurso, Gabriela Boquín.

FUENTE: Página 12

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