Internas y reclamos del PJ tensan el trámite final del Presupuesto

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Algunos gobernadores peronistas replantearon su demanda sobre el Fondo Sojero. Fue en una reunión con Pichetto convocada por otro tema. En el Gobierno creen que es una jugada para arañar más concesiones. Restan dos semanas para votar el proyecto.

El pronóstico más difundido en el Congreso dice que la discusión del Presupuesto en el Senado no debería provocar sobresaltos y menos aún problemas insalvables, después de las intensas negociaciones que abrieron la puerta a la aprobación del proyecto en Diputados. Sin embargo, algunos gobernadores del PJ dieron señales de jugar al límite, con reclamos que dividen aguas internas. Algo de eso vivió Miguel Angel Pichetto en una cita armada para tratar un único tema: morigerar el impacto social del modificado impuesto a los Bienes Personales.

¿Es un nubarrón para alarmarse? ¿Otro fruto de las internas? Por lo menos, según dejaban trascender cerca del jefe del bloque del PJ, llamó la atención el contexto en que tres gobernadores volvieron ayer a la carga con su reclamo por la suspensión de los aportes del llamado Fondo Sojero. Pichetto estuvo reunido con representantes de siete distritos, entre jefes provinciales y vices. El punto agendado era el costo que podría representar para cada distrito el cambio que impulsa el senador para acotar el aumento del impuesto referido.

Las cifras en discusión no parecen sustanciales, sobre todo frente al volumen de los números que se fueron ajustando en Diputados para amortiguar el impacto de la poda del déficit. En el caso de la reconsideración de Bienes Personales, el ministerio de Hacienda habla de unapérdida por recaudación de 3.000 millones de pesos, coparticipables. Poco, al punto que habría un guiño nacional si los gobernadores aceptan.

“Es un costo menor para las provincias si se mide en pesos. Y si se mide políticamente, es un beneficio porque mostraría cierta sensibilidad con los sectores medios de la sociedad en esta época de ajuste. Eso también debería computarlo cada gobernador”, dicen fuentes cercanas a Pichetto. El proyecto –que en caso de ser aprobado volvería a Diputados- plantea dejar fuera del apretón fiscal a las propiedades de uso como vivienda familiar valuadas en hasta 18 millones de pesos.

El planteo sobre el Fondo Sojero no fue absolutamente inesperado, aunque llamó la atención el contexto. Los números en juego no podían siquiera sugerir un intercambio de favores: aquel fondo, eliminado por un Decreto de Necesidad y Urgencia, rozaba los 50.000 millones de pesos. El planteo sonó extemporáneo, además de disociado del tema convocante en oficinas del Senado.

En septiembre, la ofensiva de gobernadores peronistas, acompañados por intendentes, amenazó con jugar a fondo para derogar el DNU en el Congreso. Eso, en la antesala de la discusión por el Presupuesto. El oficialismo negoció entonces a la carrera para desbloquear el camino con los gobernadores más activos en esa discusión, entre ellos los de Córdoba, Tucumán, Salta, San Juan y Misiones. Resultado, algo más de 4.000 millones de pesos a distribuir en partes iguales entre provincias y municipios. Vuelta de página: fue bajado el pedido de una sesión especial para voltear el decreto presidencial.

Aquella salida dejó disconformes a algunos jefes provinciales, aunque el reclamo se esfumó entrada de lleno la conversación mayor en el Congreso. Fuentes del Gobierno nacional indican que deben computarse, entre otros rubros, las mejoras por reintegros de exportaciones, algunas compensaciones específicas y la suba proyectada por recaudación –nacional y provincial- que entró en el combo legislativo de estos días.

Con todo, el tema del Fondo Sojero había reaparecido en los últimos días, con impulso de algunos de los referentes provinciales peronistas más duros con el Gobierno. El formoseño Gildo Insfrán y la fueguina Rosana Bertone se mostraron entre los más insistentes. También, el santiagueño Gerardo Zamora, cercano al conjunto del PJ, pero que ha dado señales de repetir en el Senado el apoyo al Presupuesto que expresó en Diputados.

Eso fue lo que le trasmitieron a Pichetto. No causó sorpresa, aunque sí elegantes advertencias sobre dos puntos: en primer lugar, que esto no fue puesto discusión a la hora de la votación de los diputados; y en segundo término, que colocar esa cuestión ahora como condicionante equivaldría a poner en crisis el entendimiento global entre los jefes provinciales y el gobierno nacional.

En otras palabras, habría que hacerse cargo de dinamitar el acuerdo, con los efectos políticos y económicos que podría acarrear.

En el plano formal, el jefe de la bancada peronista se habría limitado a avisar que trasladaría el reclamo al ministro Rogelio Frigerio, principal negociador del trato cerrado hace apenas diez días. En el oficialismo, entienden que Pichetto debe sostener el armado con los referentes territoriales del PJ y acomodar la interna de su bloque.

Por supuesto, estos movimientos son seguidos de cerca en el Gobierno: prefieren hablar de jugadas limitadas en su extensión. Creen que, en rigor, son reclamos de un grupo reducido de gobernadores que intentan arañar algún beneficio extra. Por ejemplo, dicen, Formosa demanda alguna asistencia para la caja previsional.

Visto así, serían ensayos individuales para “picotear” o “caranchear” algo en el final del juego. ¿Casos aislados? Está claro que para forzar la caída del DNU sobre el Fondo Sojero, la ofensiva debería contar con el respaldo de buena parte del PJ federal. Y con voluntad de hacerse cargo del impacto de semejante giro. Los más realistas creen que nadie paga costos para acordar y para romper de inmediato sin que pase algo serio en el medio. El Presupuesto podría llegar al recinto del Senado en un par de semanas. Días intensos, seguramente.

FUENTE: Infobae

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